Un balance de derechos
La noción de derechos individuales había ganado fuerza en la época de la independencia, pero 200 años después es necesario también revisar el recorrido en nuestro país de los derechos políticos y sociales y, sobre todo, los que atañen a las mujeres.
Hace doscientos años había ganado cierta fuerza la noción de derechos individuales y se había contagiado en buena medida la voluntad de enterrar al Antiguo Régimen y su insidiosa diferenciación de castas. Pero ni el Congreso de 1816 –en el que hubo una polifonía de posiciones, más cercanas o más alejadas de la consagración del reconocimiento de la ciudadanía a los varones comunes–, ni otras manifestaciones que irrumpían, quebrantando el pacto colonial, parecían convencidas de la más completa igualdad humana. Desde luego hubo excepciones, o mejor, voces excepcionales. Las culturas liberales radicalizadas, sobre todo en la segunda mitad del XIX, fueron más proclives al reconocimiento de los derechos individuales y a la extensión de la ciudadanía a quienes no eran propietarios o alfabetizados. Y donde hubo necesidad de fortalecer mercados y de atraer inmigrantes, como en nuestro caso, la evolución de los derechos políticos tuvo consagraciones importantes desde fines del XIX. Sin duda, los derechos sociales resultaron una forja lenta si se compara la fuerza operaria obtenida en la primera mitad del XX, hasta los cambios del Estado de bienestar en la segunda mitad de ese siglo.
Pero las mujeres, como ocurrió universalmente, constituyeron la “naturaleza” a la que paradójicamente no podían reconocérsele en plenitud los “derechos naturales”. El siglo XIX puede haber significado la paulatina desaparición de los privilegios de clase, pero fue exultante en materia de potestades patriarcales. Hace doscientos años nuestras antecesoras estuvieron afuera de la escena dominante en Tucumán, pero no hay dudas de que sin ellas, aquellos varones cuyos gestos ha coagulado la imagen, no podían haber exhibido formas elementales de sobrevivencia. Desde las tempestades del largo ciclo de “revolución y guerra”, que tuvo tan complejas derivas en nuestro suelo, y hasta bien más acá del ciclo de la “organización nacional”, el derecho a la ciudadanía quedó soterrado para las mujeres. En 1869 fueron declaradas jurídicamente inferiores, ellas que significaron no sólo la retaguardia de tanta épica sino que ofrecieron opinión y realizaron acciones decisivas para mantener familias y fundos.
Desde hace poco más de un siglo la demanda de igualdad se debe a las feministas que, no hay duda, pudieron contar con algunos varones de buena voluntad, y obtuvieron derechos civiles en 1926, aunque sólo en 1968 las mujeres zafaron, al menos jurídicamente, de la tutoría patriarcal de sus bienes. En 1947 se consagraron los derechos políticos y en 1952, circunstancia singular no sólo en nuestra región, la representación femenina alcanzó en torno del 30%, gracias al aporte del peronismo. Sólo con la recuperación democrática, en 1991 aquella cuota precursora quedó ratificada por ley –circunstancia pionera y no sólo en el continente. Dígase de paso que la Argentina ha tenido una Presidenta mujer con dos mandatos consecutivos, circunstancia sin duda singular, y que continúa siendo, contra viento y marea, una figura de notable gravitación.
Los derechos se precipitaron en las últimas décadas, basta recordar la propia reforma constitucional de 1994, que menciona de modo expreso la CEDAW –Convención contra todas las formas de discriminación de las mujeres—, la ratificación de la Convención de Belén do Pará contra todas las expresiones de violencia, la ley 26.485 que va en el mismo sentido, la reforma reciente del Código Penal que impone penas máximas a quienes cometen feminicidio y también contra los homicidas que actúan por odio sexual y xenófobo.
En perspectiva de Bicentenario, los derechos ganados son muy significativos, y hay que incluir en esta saga a los denominados personalísimos tales como el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, acontecimiento angular de nuestra legislación. Pero todavía el patriarcado es robusto y hay que apostar a su extinción. De momento, necesitamos que no se retroceda en derechos –estamos viviendo una encrucijada–, y demandamos al menos dos prerrogativas: la paridad representativa e institucional y la despenalización del aborto.
* Socióloga y doctora en Historia."
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